El último auto del juez Garzón

Ayer hablábamos de la devaluación de las palabras y, también, de los conceptos y los valores que están detrás de ellas. Y, en cierto modo, de historia. No somos especialistas en esta materia, pero resulta por lo menos chocante lo que está sucediendo con la llamada Memoria Histórica. Mientras vidales y moas pretenden convertir a Franco no ya en pan bendito, sino casi en adalid del orden constitucional, algunos que dieron pábulo a la anémica Ley de Memoria Histórica se aferran a ella sin mucho entusiasmo e, incluso, dan marcha atrás, y los que se opusieron no tardarán en asirse, como se agarran, y se agarrarán, unos y otros a una ley preconstitucional, la Ley de Amnistía de 1977. Es lo que ha hecho el Ministerio Fiscal ante el auto que dictó el juez Garzón el pasado 16 de octubre.

Garzón ha dictado un segundo auto el día 18 de noviembre por el cual se inhibe a favor de los juzgados que, según ley, son competentes: los de Instrucción de las localidades (veinte en total) a las que pertenezcan los lugares donde están las fosas de desaparecidos, más los Decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza. Lo que ha hecho este señor es intentar encender una mecha que no sabemos si terminará de arder. Sin entrar a romper o discutir la presunción de delito, la lectura de buena parte del auto es sobrecogedora o escalofriante, como califica Ian Gibson. Ciertamente, lo que se dice en los artículos dedicados a los “niños perdidos”, partiendo de la Declaración de condena de la Dictadura Franquista por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (páginas 50 a 74), pone los pelos de punta al hombre de corazón más encallecido, porque del más encanallado es mejor no hablar. Es, además, o eso nos parece, motivo no sólo suficiente, sino urgente de investigación.

Es preciso acabar, porque correríamos el riesgo de ofender a personas tan bien centradas como Ana Mato o Esperanza Aguirre, con palabras ajenas. Las primeras son de Prudencio García: “En España durante 40 años se airearon, multiplicaron, difundieron y escribieron todos los argumentos posibles e imposibles a favor de los vencedores de la Guerra Civil, incluidas las barbaridades -algunas absolutamente ciertas- cometidas por el bando republicano. Datos y argumentos que han estado y siguen estando ahí, superabundantes, a disposición de los historiadores. Pero al mismo tiempo se impidió toda acumulación de datos, argumentos y evidencias por parte de los vencidos”. García asegura, además, que negar o rechazar la investigación de este tipo de hechos con el “argumento máximo” de “olvidar y cerrar las heridas pasadas” fue cosa frecuente en Argentina, en Chile, en El Salvador y en Guatemala. Ese mismo argumento está utilizándose ahora en España. Las segundas son de Monika Zgustova: “Al igual que los alemanes, que pasaron décadas llevando a cabo un examen de conciencia, también cada español debería reflexionar sobre su actuación durante el régimen franquista. Sólo así se puede llegar a una sociedad madura. (...) Porque una sociedad que permite que un poder dictatorial o totalitario la someta durante décadas es una sociedad enferma”.